Solo cuanta el dinero

Acaba de pasar al pie de mi ventana una manifestación de trabajadoras de residencias de mayores. Un acto más de este encallado conflicto en el que se exige, con toda la razón del mundo creo yo, unas mejoras laborales dignas que deben repercutir, a la vez, en una mejora de la atención a los residentes. Las patronales del sector se llaman a andanas y la Diputación, que es quien pone la pasta, dice que no son trabajadoras suyas. Ellas y los sindicatos dicen que la administración responsable tiene algo que decir y que hacer para presionar a que se solucione el conflicto, pero se lava las manos. Parece que va para largo y, posiblemente, acabará de aquellas trazas.

 Yendo al fondo de la cuestión, queda la pregunta de qué pasa para que se den situaciones de este tipo. Tenemos a la vista otra serie de ejemplos de qué pasa cuando las administraciones públicas adjudican obras o servicios. Si pasa uno por los alrededores del nuevo hospital del IMQ comprueba que se ha abierto una calle nueva que desemboca en un puente nuevo de acceso a Zorrozaurre. Si uno lo atraviesa se lleva la sorpresa que por debajo de él no pasa ningún río, ni se ve que haya ninguna obra en funcionamiento. La contrata dice que no le da para más y la ha dejado a medias. Otro tanto ha pasado con el túnel de la carretera a Gernika. Se ha tenido que hacer otra convocatoria pública para terminarlo y, mira por dónde, la misma empresa que lo dejo a medias se vuelve a presentar. Conozco por mi trabajo en el ayuntamiento otros casos similares de trabajadores subcontratados que han cobrado menos, tarde, mal o nunca y han tenido que recurrir a juicios y a paros, sin que a los responsables de la corporación se les haya movido un pelo.

La respuesta es clara: las administraciones públicas solamente miran lo que sale más barato. Ese se lleva la mayor parte de los puntos. Es verdad que existe una cláusula que puede declarar temeraria una oferta por se excesivamente baja, pero se puede decir aquello de "hasta que llegue a temeraria..." Está claro, los que hacen la oferta nunca van a renunciar a sus ganancias, luego el dinero lo tienen que sacar de la calidad de los productos y de los salarios, lo que suele repercutir en la calidad del servicio y de las obras ejecutadas. Este sistema es lo más propicio para que medren tiburones que acaban trampeando con lo público y reventando a los trabajadores con condiciones denigrantes y con salarios de hambre. 

Si solo cuenta el dinero ¿cómo se puede garantizar la calidad de los servicios públicos? A los responsables de las administraciones públicas los interesa figurar que se hacen obras o se dan servicios, pero no se preguntan en qué condiciones ni con qué garantías. De esta manera se puede entender todos los chanchullos y corruptelas que están saliendo a la luz en esos interminables juicios, en los que resulta que nadie ha sido el que ha dado el bocado. O sea, que las trabajadoras de las residencias, como las de otros servicios similares en conflicto, tienen razón. La administración es la culpable de estos desajustes, lo que pasa es que la solución es previa, en la adjudicación, y es problema de todos exigir que se cambie ese sistema tan perverso que no hace más que generar conflictos y denigrar los servicios públicos.